«La historia nace ya madura en América Latina», recitaba la célebre tesis del escritor e historiador venezolano Mariano Picón Salas, a la que hacía eco el peruano Jorge Basadre. Detrás de esta frase se encuentra todo el significado y la trascendencia de trasladar al continente americano una civilización histórica ya madura, surgida en una Europa renacentista, en un continente joven y en plena formación.

El continente americano se incorporó de manera casi abrupta al proceso histórico occidental a partir de 1492, acompañado por el bagaje del Renacimiento y del Estado moderno. Es decir, los frutos maduros de la Europa moderna llegaron frescos a nuestro continente, quizá demasiado frescos: en lugar de madurar aquí mediante un proceso gradual, dieron origen a una historia propia, a una «modernidad alternativa». ¿Cuáles eran esos frutos? El llamado «intercambio colombino» entre Europa y América produjo un extraordinario flujo de personas, enfermedades, productos agrícolas, libros, mentalidades, instituciones y conceptos.

Entre estos últimos se encontraba una nueva concepción del individuo y de su relación con el poder. Mientras en Europa se desarrollaba progresivamente una nueva concepción del individuo como sujeto de derechos, en América sobrevivían y se trasladaban instituciones y categorías sociales procedentes del mundo medieval. La figura del súbdito, característica durante siglos de la Europa medieval, encontró en el Nuevo Mundo nuevas formas de expresión.

Mientras en el Viejo Continente el individuo comenzaba a desprenderse progresivamente de su condición tradicional de súbdito para convertirse en sujeto de derechos, en América la institución de la encomienda contribuyó a reproducir y reorganizar una sociedad estructurada en torno a la condición de súbdito, incorporando además a los indígenas como nuevos súbditos de la Corona española.

Para el derecho español más antiguo, el poder del rey era de origen divino, conforme a la doctrina de San Pablo y a las antiguas declaraciones de las Cortes. «El rey tenía la facultad de legislar, llamar a la guerra, administrar, [hacer valer] la justicia, acuñar moneda y dirigir la encomienda del Estado. Los conquistadores del siglo XVI ponían a los pies de su rey las tierras conquistadas. Era el rey quien designaba a los gobernadores de estos nuevos dominios». Es decir, el rey se concebía como un padre de familia que velaba por el bienestar de su gente, tarea encomendada en virtud del poder divino delegado en su persona.

Walter Ullmann, en The Individual and Society in the Middle Ages, describe este proceso como una progresiva emancipación del individuo. Durante buena parte de la Edad Media, en el esquema interpretativo de Ullmann, el hombre había sido concebido fundamentalmente como subditus: miembro de un orden jerárquico cuya autoridad descendía desde Dios hacia el gobernante y, desde este, hacia la sociedad. Frente a esta concepción «descendente», Ullmann identifica el desarrollo de una concepción «ascendente» del poder, según la cual la autoridad política procede, en última instancia, de la comunidad.

El cambio no consistió simplemente en el paso de la Edad Media al Renacimiento. Sus raíces se encuentran en la Baja Edad Media, particularmente en la recuperación de la idea del hombre como ser natural, en el desarrollo del derecho natural, en la tradición jurídica y en las experiencias políticas de las comunidades medievales. El individuo comienza así a ser concebido no solamente como súbdito, sino como civis: un miembro responsable de la comunidad política, dotado de derechos y llamado a participar en ella.

La importancia de esta transformación radica en que modifica la relación entre el individuo y el poder. Si en la concepción descendente la autoridad procede de arriba y el individuo recibe su lugar dentro de un orden previamente establecido, en la concepción ascendente el poder político encuentra su fundamento en la comunidad y el gobernante aparece, al menos en teoría, como responsable ante ella. En este tránsito, que Ullmann considera fundamental para la formación de la modernidad política occidental, se encuentra una de las raíces de la posterior concepción del individuo como sujeto de derechos.

De esta concepción se desprende una idea que, con el tiempo, se convertiría en uno de los fundamentos de la modernidad política: el Estado encuentra su razón de ser en la comunidad de ciudadanos y no el ciudadano en una entidad estatal concebida como superior a él. El status del individuo-ciudadano se caracteriza por la posesión de derechos que ningún poder político

puede arrebatar o vulnerar impunemente. Mientras en Europa se desarrollaba progresivamente esta nueva concepción del individuo como sujeto de derechos, la situación en América durante la Edad Moderna era distinta. Estas ideas, que hoy forman parte del imaginario político y jurídico y encuentran su legitimidad formal también en la mayoría de las Constituciones americanas, son, sin embargo, de adopción relativamente reciente. No debe engañarnos el hecho de que muchas repúblicas latinoamericanas conquistaran formalmente su independencia a comienzos del siglo XIX. La ruptura política con España no significó automáticamente la desaparición de las estructuras sociales heredadas del mundo colonial, como demuestra la persistencia de una profunda estratificación social vinculada, entre otros factores, a las diferencias étnicas.

La paradoja resulta evidente: América recibió de Europa los instrumentos jurídicos y políticos de la modernidad antes incluso de haber recorrido, de manera autónoma, todas las etapas históricas que habían conducido a su formación. El continente heredó, al mismo tiempo, el lenguaje del ciudadano y la realidad social del súbdito. Comprender esa tensión permite leer de otra manera tanto la historia europea de la emancipación del individuo como la particular trayectoria de las sociedades hispanoamericanas. Las expresiones retóricas de «los trescientos años de servil cadena» o «los tres siglos de expiación» describen la ruptura producida por la llegada de la República, que emancipa jurídicamente al súbdito y lo transforma en ciudadano, al menos en el plano abstracto de la igualdad ante la ley. Pero esa emancipación jurídica no significó necesariamente una mejora sustancial de las condiciones sociales de quienes habían ocupado posiciones subalternas durante el período colonial.

La experiencia republicana hispanoamericana permite observar esta distancia, de forma similar al juicio del escritor Ricardo Palma, quien constataba, a fines del siglo XIX, que la vida del indio no había cambiado significativamente con la llegada de la República. La promesa republicana de igualdad del ciudadano ante la ley debía atravesar aún diversas fases históricas, necesariamente lentas, como la consolidación de una clase política capaz de interesarse por el bienestar común en vez de hacerlo por intereses familiares o por los intereses de una pequeña parte de la sociedad.

Difícil sería también el proceso de asimilar y superar un sistema social fuertemente permeado por elementos étnicos heredados de la época colonial. La lenta consolidación del individuo y del ciudadano se encontraría, además, bajo la contingencia de la expansión de los intereses políticos y económicos estadounidenses: Puerto Rico, en 1898; Cuba, en 1898; o, más tarde, Guatemala, en 1954.

El caso guatemalteco de 1954 ofrece otro ejemplo de esta dificultad. La intervención estadounidense que contribuyó al derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz se produjo en un contexto en el que los intereses de la United Fruit Company ocupaban un lugar relevante en las relaciones económicas y políticas del país. La posterior evolución política de Guatemala estuvo marcada por décadas de gobiernos militares, represión y violencia política.

De manera paradigmática, este acontecimiento permite observar los límites que el poder estatal y los poderes externos podían imponer a la autonomía del individuo y la fragilidad del individuo-ciudadano hispanoamericano, cuya emancipación jurídica no siempre se tradujo en una autonomía efectiva frente al poder. En este sentido, la experiencia histórica latinoamericana permite volver sobre el problema que Ullmann señalaba en su obra: la distancia entre la proclamación jurídica de los derechos del individuo y su efectiva realización dentro de la sociedad.

La actualidad latinoamericana parece replantear cíclicamente algunas de estas dinámicas: la subordinación de la figura del individuo frente al poder y la tensión entre el ciudadano proclamado por el orden jurídico y el ciudadano efectivo dentro de la sociedad.